El 22 de junio del año 2020, el gobierno de Puerto Rico firmó un contrato con la compañía de responsabilidad limitada canadiense LUMA Energy. El acuerdo contractual entre la Autoridad de Alianzas Público Privadas de Puerto Rico, la Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico y LUMA Energy, incluye el funcionamiento de la transmisión y distribución de energía eléctrica. El contrato se anunció como un acuerdo de operación de transmisión y distribución, se organiza en una asociación público privada. La contratación desde un principio ha sido bastante criticada, debido a que se trata de una privatización completa de la Autoridad de Energía Eléctrica. LUMA no está obligada a poner en riesgo sus activos, lo que demuestra que no es una asociación, sino que es un contrato que garantiza el flujo de activos a la corporación privada.
El contrato ofrece los siguientes servicios: operaciones del sistema de transmisión y distribución; servicios de gerencia y mantenimiento de activos; servicios de mejora continua; relaciones con la comunidad gubernamental y los medios de comunicación; pruebas, informes y registros; servicios de finanzas y contabilidad; respuesta de emergencia; mantenimiento; y servicio al cliente. La generación de energía eléctrica se basa en la producción de energía mediante la transformación de alguna energía primaria como son la energía química, hidráulica, nuclear, eólica o solar, al momento sigue en manos de la AEE. Mientras que la transmisión y distribución de energía, es el transporte de esa energía. Esto se basa en el principio de transferencia de la energía producida hasta los centros de consumo, que está en manos de LUMA.
Si comparamos la cantidad de celadores que tenía la AEE, ellos contaban con: 800 celadores, a $23 dólares hora para promedio de $35,880,000 dólares anual; con 300 podadores a $20 dólares hora para promedio de $11,700,000 dólares anual; para un total al año de: $47,580,000 dólares. Cuando el servicio estaba en manos de la AEE los podadores al igual que los celadores realizaban el mantenimiento de las líneas eléctricas que incluían la poda de árboles. Mientras que actualmente LUMA cuenta con 432 celadores, con un salario promedio de $40.00 dólares por hora, para un total de $33,696,000 dólares al año. Además, LUMA otorgó un contrato de control de vegetación para un total de $70,000,000 dólares anual.
Los contratos de poda han sido otorgados a cuatro (4) compañías, estas son: Centurion Group por $60 millones de dolares; Perfect Integrated Solution por $15 millones de dólares; XPERT’S LLC por $45 millones de dólares; y WRIGHT TREE SERVICES of PR por $90 millones de dólares. Los contratos otorgados para el control de vegetación (poda) que suman $210 millones de dólares por 3 años ($70 millones de dólares al año). Curiosamente, Todd McLaren Vicepresidente de Operaciones de Centurion Group al momento de obtener el contrato de poda de $60 millones de dólares y ocupaba el puesto de Vicepresidente de Operaciones de LUMA. McLaren, al momento de la autorización del contrato no contaba con empleados, herramientas, equipos para realizar labores, ni tampoco contaba con vehículos para la función de poda.
La AEE gastaba anualmente en sus empleados (celadores y podadores) la suma de AEE $47,580,000 dólares al año sin paga de horas extra. Mientras que LUMA ENERGY, gasta en nómina de empleados la cantidad de $103,696,000 dólares al año sin horas extra. Recientemente con el paso del huracán Fiona, el consorcio contrató a celadores provenientes de Estados Unidos para atender la emergencia energética. El celador proveniente de Estados Unidos gana $47.88 dólares por hora, a razón de $1,915.20 dólares la semana. Según la unión “International Brotherhood of Electrical Workers 222”, el convenio garantiza a los celadores 6 días a 10 horas de trabajo. Según un cálculo de la IBEW 222, en Puerto Rico los celadores trabajarían un total de 20 horas a $71.82 dólares por hora para un total de $1,436.40 dólares por semana en horas extra.
Por otra parte, el gasto de dieta para los celadores extranjeros es de $150 dólares diarios a razón de $1,050.00 dólares por semana. Además, el hospedaje para los celadores externos sería de $157 dólares por noche (tomando en cuenta una habitación doble) para un total de $549.50 dólares por semana. El costo total de estos gastos ascendería a $4,951.10 dólares semanales por cada celador proveniente de Estados Unidos, esto sin tomar en consideración el traslado aéreo y el servicio de lavandería. Debemos recalcar que los celadores unionados estadounidenses devengan más dinero si comparecen a trabajar a una jurisdicción declarada en emergencia.
El celador que comparece a una jurisdicción declarada en emergencia, devenga ganancias de $87.04 dólares por hora a 10 horas laborales al día, a razón de 6 días laborales a la semana, llegarían a un total semanal de $5,222.40 dólares. Eso agregándole los mismos beneficios de transporte aéreo, beneficios marginales, hospedaje, dieta y servicios de lavandería. Según los datos recopilados, es sumamente más oneroso para el pueblo de Puerto Rico mantener a LUMA Energy a cargo de la distribución y transmisión de energía, el costo de los salarios a sus celadores (que son menos que los que tenía la AEE capacitados) y la subcontratación para el control de vegetación (poda) nos llevan a un servicio poco eficiente y que solo se centra en la ganancia corporativa que es el fin principal del consorcio LUMA ENERGY.
La Autoridad de Acueductos y Alcantarillados
La Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, fue creada el 1 de mayo de 1945. Fue creada como una corporación pública e instrumentalidad gubernamental autónoma del Gobierno de Puerto Rico para mantener y desarrollar los sistemas de acueductos y alcantarillado sanitario de la Isla. La fuente de ingreso de la AAA es principalmente el cobro por los servicios de acueductos y alcantarillado sanitario a sus clientes residenciales, comerciales, industriales y de gobierno. El sistema de acueductos sirve al 98% de la población de Puerto Rico y el sistema de alcantarillado sanitario brinda el servicio al 59%. Adicionalmente, la AAA cuenta con casi 2,000 estaciones de bombeo de agua y alcantarillado sanitario para proveer servicio a todos los clientes, al igual que cuenta con sobre 1,500 tanques de almacenaje de agua potable. Por su parte, la producción de agua potable se realiza en 112 plantas de filtración distribuidas en toda la Isla, generando aproximadamente 550 millones de galones diarios de agua potable. Esto, sin incluir que la AAA también opera 8 represas de mayor escala y varias represas pequeñas.
Por otro lado, durante la existencia de la AAA, esta ha tenido que atravesar varios momentos difíciles a causa de su mal manejo. Un claro ejemplo de esto, fue cuando en el año 1994 la deuda de la AAA fue degradada a “non investment grade” (chatarra), lo que significa que la Autoridad no podía emitir nuevos bonos para el financiamiento de proyectos de infraestructura. Esto provocó que, en el 1995, el Gobierno Central tuviera que emitir una garantía a los bonistas de la AAA para subsanar la precaria capacidad crediticia, y así evitar declaraciones de incumplimiento contra esta. La precariedad de dicha Autoridad continuó hasta el 2005, y como consecuencia de esa situación la Autoridad no pudo brindar un servicio adecuado de agua y alcantarillado, por lo que incurrió en violaciones a leyes ambientales por las que tuvo que pagar millones en multas y por las cuales fue procesada criminalmente y estuvo en un periodo de probatoria por cinco años. Para el 2005, el Gobierno Central decidió suspender toda asignación del Fondo General a la AAA. La suspensión entro en vigor para el 2006, por lo que la AAA se vio obligada a realizar una revisión tarifaria. El incremento de la tarifa y la reorganización de la AAA, le dieron la oportunidad para que la Autoridad recuperara la calificación crediticia de grado de inversión y reingresar al mercado de bonos.
El regreso al mercado financiero de la AAA ocurrió en dos ocasiones, las cuales fueron en los años 2008 y 2012. Sin embargo, el exorbitante aumento del costo de la electricidad entre los años 2004 a 2012, obligaron a la Autoridad a implementar un nuevo ajuste tarifario. Transcurridos varios años, en el 2016 la AAA comenzó a estar sujeta a la supervisión de la Junta de Control Fiscal y bajo la obligación de cumplir con las iniciativas en el Plan Fiscal. Luego del paso del huracán María y los terremotos, la infraestructura sufrió grandes daños. No obstante, la AAA logró obtener de FEMA la obligación de $3.6 billones a ser invertidos en la infraestructura de la Autoridad, así como pudo cobrar $300 millones de la póliza de seguros por el huracán María. Dicha inyección de fondos, ha ayudado a minimizar los aumentos tarifarios.
En el 2020, la AAA finalmente regresó a los mercados de capital con una emisión de bonos para refinanciar una porción de la deuda existente de la corporación pública. La emisión de dichos bonos, representó la primera en 8 años. La emisión recibió pedidos por el valor de $3,100 millones para una emisión de $1,400 millones para un rendimiento de 4.15%. A causa de la emisión, Fitch mejoro la calificación de la AAA de “CC” a “CCC”. Además, el refinanciamiento ahorrará aproximadamente $350 millones en el servicio de la deuda durante el término de los bonos de refinanciamiento. El refinanciamiento está compuesto de $1,100 millones del 2008 “Revenue Bonds Series A and B” (Senior Lien) y $284.8 millones del 2008 “Revenue Refunding Bonds Series A and B” (Commonwealth Guaranteed) mediante la emisión de $1,370 millones en nuevos bonos de rentas de refinanciamiento.
En el 2021, la AAA logró regresar por segunda vez al mercado, en esta ocasión para refinanciar todos sus bonos. Dichos Bonos son los conocidos como 2012 Series A and B (Senior Lien) Bonds. El refinanciamiento fue efectuado a través de una serie de transacciones que incluyen un intercambio, una oferta de efectivo, una emisión de deuda nueva no exenta cuyo producto se utilizará de inmediato para pagar deuda emitida anteriormente y una emisión de deuda cuyo producto se recibirá en junio 2022. Con esto, se generará aproximadamente $570 millones de dólares en ahorros de servicio de la deuda durante la vigencia de los bonos de refinanciamiento.
Por último, las casas acreditadoras más reconocidas como lo son “Moody’s”, “Standard & Poor” y “Fitch”, no han calificado recientemente a la AAA. Por su parte, “Moody’s” indicó en julio del 2021, que dejó de evaluar y calificar a la AAA, por razones de negocios, pero no especificaron más allá. Por otro lado, “Standard & Poor” indicó en agosto de 2018, que dejó de evaluar y calificar a la AAA, por falta de información suficiente. Finalmente, “Fitch” realizó su última calificación a la AAA en noviembre del 2020, donde mejoró la calificación de “CC” a “CCC”. Lo que significa, un mejoramiento continuo, más sin embargo continúa el factor especulativo de que el incumplimiento sigue siendo una posibilidad real.
Mientras que los ingresos operacionales de la Autoridad para el año fiscal 2020, fueron de $1,060.9 millones, un incremento de $2.3 millones en comparación al año anterior. Sin embargo, las proyecciones de la AAA para el año 2021 en ingresos operacionales, son de $927.2 millones. Adicionalmente, para el 2022, la Autoridad estima que los ingresos serán de $898.7 millones. Lo que esto demuestra, es que la AAA a diferencia de la AEE, es una agencia que al momento no se encuentra en bancarrota y ha sido capaz de continuar operando sin la necesidad de privatización. No obstante, dicha Autoridad continúa brindando un servicio deficiente, ya que luego del paso del huracán Fiona, hubo un momento en el que había más abonados de la AAA sin servicio, que los abonados de LUMA. Esto demuestra, la incapacidad de la AAA para manejar y mantener su infraestructura óptimamente, para que en momentos como estos sean capaces de responder a las necesidades del pueblo.
TABLA: Facturación mensual del 31 de marzo del 2022
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