Imagínate haber hecho un pacto con el DIABLO para condenarte de por vida sin posibilidad de escape. Eso es lo que está pasando con el contrato entre el gobierno de Puerto Rico y LUMA Energy. El contrato que se ha anunciado como una asociación público-privada, falla desde el principio ya que en realidad se trata de una privatización completa de las funciones básicas de la Autoridad de Energía Eléctrica, AEE. Según el abogado e ingeniero Ángel R. Rivera de la Cruz, excomisionado del Negociado de Energía, este acuerdo tiene tantos matices que su cancelación puede ser un misterio.
Existe al menos cuatro formas en que el contrato podría terminar:
1. LUMA no cumple con alguna obligación importante;
2. Cometer alguna violación de ley según lo determine un tribunal;
3. Si durante tres años seguidos no alcanzan las “métricas” claves establecidas;
4. La Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) debe salir de la quiebra bajo la ley PROMESA. El no cumplimiento con esta condición antes de que LUMA comience a operar plenamente sería el fin para la compañía. canadiense.
Recientemente, con todos los apagones que hemos estado sufriendo, se ha hablado mucho sobre cómo LUMA no está cumpliendo con sus “métricas”. Pero, ¿qué son estas métricas? Básicamente, son indicadores de rendimiento que LUMA debe alcanzar para ganarse un bono extra de $20 millones al año, aparte de su pago fijo de $105 millones anuales.
Algunos ejemplos de estas métricas son:
1) Satisfacción del cliente,
2) Seguridad técnica y regulatoria
3) Rendimiento financiero
Actualmente, LUMA establece sus propias métricas, que luego deben ser aprobadas por el Negociado de Energía en Puerto Rico. El problema con estas métricas es que, si LUMA se enfoca en los consumidores de las ciudades, donde vive más gente en comparación con las áreas rurales, se ganan el bono. Pero, quienes viven en zonas rurales no obtienen una justicia energética ni un sistema mínimamente confiable.2 Además, las métricas que propone LUMA no reflejan nuestra realidad climática. Por ejemplo, LUMA busca obtener recompensas por cumplir con expectativas básicas. Es decir, no solo obtendrían recompensas por exceder las expectativas del contrato, sino también por hacer lo que se espera de ellos. Además, no hay penalidades por bajo rendimiento.
Con el tiempo, las obligaciones futuras del gobierno de Puerto Rico por el contrato con LUMA Energy para manejar la red eléctrica han aumentado en al menos $635 millones más de lo originalmente pactado, todo por un sistema que no da pie con bola. El contrato firmado con esta empresa privada, que no está obligada a arriesgar su propio dinero, incorpora los objetivos establecidos en la Ley de Transformación del Sistema Eléctrico de Puerto Rico. Esto es importante porque en dicha Ley se definen algunas de las obligaciones cruciales que LUMA debe cumplir en los próximos tres años; de no hacerlo, el contrato podría ser cancelado. Entre estas obligaciones se encuentra la transformación de la red eléctrica para que sea más resiliente ante eventos atmosféricos, mantener tarifas eléctricas bajas para los clientes y avanzar hacia una energía 100% renovable.
Hasta el momento, LUMA no ha logrado cumplir con estas metas. Desde su entrada en 2021, los apagones y los aumentos en las facturas han sido frecuentes. En 2023, LUMA acumuló una deuda de más de $700,000 con el proveedor de gasolina Total Energies. En lo que va de 2024, LUMA dejó sin servicio a 90,000 clientes durante las primarias, algunos por más de 24 horas consecutivas. Además, la empresa ha solicitado un aumento de $8.18 al mes (unos 27 centavos al día) y no ha invertido en proyectos masivos de energía renovable. La sección 14.1 del contrato de LUMA menciona el concepto de “falla en cumplir una obligación material”. Aunque no se define explícitamente qué constituye una obligación material, hay ciertos puntos que todos entendemos como tales. Por ejemplo, si no se tiene gasolina, no se pueden sacar los camiones, y sin los camiones, no se pueden realizar las tareas necesarias para mantener la red eléctrica.
El contrato suplementario está en vigor porque la Autoridad de Energía Eléctrica todavía no ha salido de su proceso de quiebra, un requisito crucial necesario para que el contrato principal entre en pleno funcionamiento. Y aquí es donde se pone interesante: si la jueza Taylor Swain aprueba el Plan de Ajuste de la Deuda, trae consigo la permanencia del contrato de la red eléctrica hasta el 2056, un periodo que excede el término actual de esa privatización. Pero hay más. LUMA también debe reportar trimestralmente ciertas métricas adicionales al Negociado de Energía, aunque actualmente no hay penalidades establecidas por no cumplirlas. Este contrato complejo tiene dos entidades principales encargadas de supervisar a LUMA: la Autoridad para las Alianzas Público Privadas y el Negociado de Energía. La primera se asegura de que LUMA cumpla con el contrato, mientras que la segunda supervisa su desempeño operativo y el cumplimiento con la política pública energética.
En resumen, el futuro del contrato con LUMA es incierto y lleno de complejidades legales y operativas. Con tantas condiciones y posibles escenarios, nadie sabe realmente si su cancelación ocurrirá. Lo que sí es claro es que existe una salida y que no podemos depender únicamente del gobierno para resolver esta situación. Nosotros, como ciudadanos afectados por los apagones constantes y las tarifas altas, tenemos que tomar acción. Es nuestra responsabilidad fiscalizar a LUMA, exigir transparencia. No podemos quedarnos de brazos cruzados mientras nuestras comunidades sufren. Solo así podremos construir un futuro energético sostenible y equitativo para Puerto Rico.