La Pobreza Institucional de la UPR

La Pobreza Institucional de la UPR

La pobreza institucional de la UPR

Cuando escuchas hablar de pobreza, posiblemente, llegan a tu mente imágenes de personas sin techo, sin ropa, sin comida y sin servicios esenciales como el agua y la energía eléctrica. Pero la pobreza también se encuentra en las instituciones y una de ellas: la Universidad de Puerto Rico. Nos referimos a la imposibilidad de las instituciones públicas como la UPR, para cumplir con sus funciones básicas, en este caso la de ofrecer educación al pueblo de Puerto Rico.

Frecuentemente escuchamos a los líderes de la UPR resaltar cientos de logros para cumplir con las acreditaciones. Es como ver a un gato nadando en el agua. ¿Con qué recursos se dan estos logros si tenemos a los profesores y los empleados empobrecidos? Imposible no decir que en vez de tener profesores lo que tenemos son pobresores porque son profesores pobres.

Si los administrativos quieren convencer a la Junta de Control Fiscal sobre la importancia y el legado de la UPR para la rueda económica y social del país, tienen que empezar por darle prioridad a los siguientes asuntos:

  • Estados financieros actualizados: sus libros y páginas financieras son como una nube que se desvanece. A veces encuentras información que no está actualizada y otras no la encuentras.

Corrupción silente de la UPR: El uso indebido de los recursos para beneficio de grupos específicos como lo son los movimientos políticos en el poder buscando posicionarse en los puestos de poder. La Junta de Gobierno continúa colocando funcionarios políticos en puestos de confianza sin cumplir con los parámetros normativos de la UPR. Estos atornillados reciben salarios mucho más alto que los profesores y empleados. Los sacan de puestos de confianza y los colocan en puestos de carrera para que no los puedan sacar.

Falta de dólares:  Los presupuestos se fueron ajustando hasta registrar una baja en el presupuesto. La intromisión indebida de la Junta de Control Fiscal en los asuntos financieros de la UPR ha llevado a la institución a la pobreza. Del 2008 al 2024 ha ido bajando- consistentemente el presupuesto. La UPR no cuentan con el personal o lo”chavos” necesarios para cumplir con sus funciones. Cada día hay más profesores y empleados retirándose y las plazas quedan automáticamente congeladas pero el volumen de trabajo sigue aumentando y no hay dinero para pagarlo.

Estas condiciones mencionadas han traído muchas consecuencias terribles para sus profesores y empleados como, por ejemplo: el acceso a los servicios básicos. Hoy un pobresor tiene no solo que preparar sus clases y darle forma sus investigaciones, sino que tiene que ser su propio asistente porque no cuenta con servicio secretarial, el servicio de fotocopias es limitado, los materiales que necesite los tiene que comprar de su propio bolsillo, entre otros servicios más.

 

El profesor es el mentor por excelencia de los estudiantes y además, tiene que participar de congresos, reuniones internacionales y nacionales, investigaciones interuniversitarias en Puerto Rico o a nivel mundial para estar actualizado constantemente. Pero esta condición es un sueño para un pobresor porque todos estos compromisos conllevan un gasto que es imposible de asumir. La UPR no tiene el dinero para enviar a sus profesores a estudiar y actualizarse como lo hacen todas las universidades del mundo. Esta situación pone a los pobresores de la UPR en una competencia mundial muy injusta y esto tiene consecuencias. Los profesores y empleados perdieron la confianza en sus ejecutivos que no han dado la lucha por erradicar la pobreza universitaria. Las cartas y circulares son buenas, pero no son suficientes. Lo ejecutivos también tienen que ponerse los tenis y salir a marchar para exigir mejores condiciones laborales para todos.

En estos momentos la Universidad de Puerto Rico es lo que es, y tiene el prestigio que tiene gracias a sus profesores, tristemente hoy pobresoresporque la pobreza llegó a la UPR para quedarse. Si los administrativos no luchan a capa y espada contra las políticas de la Junta de Control Fiscal por desmantelar la maltrecha institución, habrán perdido la batalla y serán responsables de convertir a nuestro país en uno depobrerriqueños”.

Ineficiencia en los sistemas de recursos humanos: La institución no funcionan de manera eficiente, lo que resulta en un desperdicio de recursos y una mala prestación de servicios.

La traición del gobierno con la Junta de Control Fiscal.

Manolo tira la toalla’ con la Ley CHIPS

Manolo tira la toalla’ con la Ley CHIPS

DDEC Tira la toalla con la Ley CHIPS 

El gobierno de Estados Unidos está invirtiendo $2 trillones a través de la Ley CHIPS para aumentar la fabricación de chips en su territorio, esenciales en tecnología como celulares y carros. Ello representa una cantidad que es tres veces mayor a lo que se gastó para desarrollar la vacuna del COVID-19. La meta es reducir la dependencia de la producción china. Entre los fabricantes implicados se encuentran Nvidia, Samsung, Micron, e Intel QUE OPERARON DURANTE DÉCADAS EN PUERTO RICO.

¿Cómo se decide quién recibe el dinero?

Las empresas interesadas en fondos deben presentar propuestas en coordinación con el Departamento de Desarrollo Económico (en adelante, DDEC) al Departamento de Comercio de EE.UU., distribuidos según fórmulas que consideran población, infraestructura y tamaño del territorio, incluyendo subvenciones competitivas.

Hasta marzo de 2024, la Ley CHIPS ha estimulado entre 25 y 50 proyectos con una inversión total proyectada de $160-200 mil millones, creando 113,400 nuevos empleos en EE.UU. Puerto Rico, al participar activamente, podría beneficiarse significativamente de estos empleos.

¿POR QUÉ NO AQUÍ?

El gobierno de Puerto Rico no ha invertido ni un centavo en convertir la isla en un destino atractivo para el programa de incentivos de la Ley CHIPS. Sin embargo, sabemos que Costa Rica, México, República Dominicana y Panamá han logrado acuerdos federales por factores como sus bajos costos energéticos y exenciones contributivas para estas industrias. La Ley CHIPS no solo financia la relocalización de empresas sino ofrece fondos para las mejoras en la infraestructura y combate a la inflación que Puerto Rico TANTO NECESITA. Según las expresiones del secretario del DDEC, Manuel Cidre, es lamentable que la isla no sea considerada primera opción frente a otros países.

¡Manolo, ponte las pilas con la Ley CHIPS!

Manolo mencionó hace dos años que estaba en conversaciones con una empresa en Cayey para fabricar chips pero hasta el momento no hemos visto resultados. En 2024, la aprobación de la Ley CHIPS en 2022 no ha sido aprovechada por falta de iniciativas. Además, Manolo sabía que había que invertir en la isla desde hace tiempo. En abril de 2024 Cidre metió la pata cuando envió una carta a Washington para decir que en Puerto Rico se pueden hacer chips. Como resultado, el

Departamento de Comercio de EE.UU. tuvo que hacerle el trabajo a Manolo para urgir a las empresas locales a presentar propuestas antes de que finalice la convocatoria en junio. Tras la exclusión de Puerto Rico del programa, el gobernador Pedro Pierluisi acudió a los medios de comunicación y le tiró la toalla a Cidre, diciendo que la paga en otros países es muy baja y que es mejor buscar oportunidades en otras industrias. Sin embargo, el gobernador luego se contradijo al respaldar una posible alianza chipera con República Dominicana.

¡Puertorriqueños, nos quedamos sin chips!

¡Al parecer, se le fue la guagua al DDEC! Entre 2020 y 2023, la República Dominicana ha aumentado sus exportaciones un 61% bajo los beneficios de la Ley CHIPS, creando 65,000 empleos adicionales, alcanzando un total de 200,000 trabajadores. Por tanto, Puerto Rico perdió una oportunidad crucial para posicionarse como un país líder en innovación y tecnología, marcando un periodo de estancamiento para el DDEC bajo la dirección de Manuel Cidre, quien anunció su salida al final de este gobierno.

¿Suma y resta de estudiantes?

¿Suma y resta de estudiantes?

Estudiantes de Puerto Rico Enfrentan Crecientes Desafíos Económicos

¿SUMA Y RESTA DE ESTUDIANTES?

La tan reconocida Torre del recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico ha sido un distintivo del patrimonio histórico y cultural de nuestro país. También ha sido símbolo de los sueños que persiguen tantos miles de estudiantes que terminan la escuela superior para ingresar a los estudios universitarios. Hoy, esa centenaria torre, azotada por eventos atmosféricos, huelgas, recortes presupuestarios y hasta el olvido mismo de los administradores, sigue en pie de lucha, soportando todos los embates del quehacer social y económico de Puerto Rico.

Cuando los jóvenes de la escuela secundaria llegan a su undécimo y duodécimo año, comienzan a forjar sueños de futuro. Desde la graduación hasta el “senior prom” y del “senior prom a la universidad, es la esperanza misma de poder ascender en la escala social, es la posibilidad de ingresar a un mundo de profesionales. Aunque muchos de esos sueños se concretizan, una vez que terminan la universidad, lo cierto es que el camino para llegar al final es arduo y pedregoso porque la universidad ya no es la misma de antes. Cada día, sus estructuras emblemáticas languidecen como consecuencia de la crisis fiscal del país. 

La época de bonanza universitaria tuvo su momento más importante entre los años 2004 y 2009, cuando la fórmula del 9.6% reflejó un crecimiento significativo de $835.1 millones. Pero lo bueno no dura mucho, y a partir del año 2009, con la Ley No. 7 del 2009 de estabilización fiscal, la forma tradicional de allegar fondos a la universidad, conocida como la “fórmula”, quedaba congelada y con ella, la suma de las aportaciones se redujo en ese momento a $729.1 millones, lo que provocó una disminución de $229,450 en las aportaciones.

 Para el año 2016, se consideró nuevamente otro tema importante sobre el aumento escalonado de los costos de las matrículas de estudiantes, los cuales habían estado congelados los años anteriores al 2007. Por su parte, el ente fiscalizador de la Junta de Control Fiscal estableció imposiciones adicionales en los costos de matrícula, desde un valor de $21 por crédito, para continuar con aumentos escalonados de $124 en el año 2022 hasta $169 en el año 2026. Para los estudiantes graduados, el panorama sería aún más sombrío, considerando que no tienen becas para el pago de matrículas y tienen que asumir préstamos cuantiosos que al finalizar las carreras tendrán que pagar, con la suerte de que adquieran un buen trabajo.

📌 Un estudiante puertorriqueño actualmente debe pagar $157 dólares por crédito para un total aproximado de $2,008 con un total de 12 créditos, incluyendo los cargos de cuotas de tecnología, mantenimientos y laboratorios por semestre.

📌 El aumento en los costos de hospedaje fluctúan desde $350.0 en adelante.

📌 El aumento en el costo de los libros, el alza en el precio de los alimentos, el agua y la luz también han subido, por eso, la beca apenas les da para pagar los créditos y algún que otro gasto adicional.

Al evaluar alternativas viene a nuestra mente ”pues que trabajen mientras estudian” sievaluamosel escenario de que un estudiante consiga una posición al mínimo estatal, $9.50 trabajando 40 horas solo generaría $380 dólares.

La realidad de los estudiantes universitarios de trabajar hasta el desgate¿ES JUSTO?

 Después de haber flotado en el sueño del “senior prom“, nuestros jóvenes enfrentan con mucho esfuerzo el estado de pobreza al que ingresan como estudiantes. Y más allá de estos sueños juveniles, encontramos a un grupo de estudiantes graduados en diversas disciplinas profesionales que, al finalizar sus estudios, enfrentan una vida de carencias con grandes préstamos sobre sus hombros.

¡Que las luces nunca se apaguen y la música no deje de sonar, que, en ese sueño de quimeras juveniles y quebrantos estudiantiles, al final del camino, lucharemos entre todos por mantener viva la llama de la Universidad!

El Tren invirtiendo para el fracaso

El Tren invirtiendo para el fracaso

El Tren Invirtiendo para el Fracaso

 

El desastre del Tren Urbano, PICA Y SE EXTIENDE. Inversión tras inversión

vemos como todo se queda en planes y el tren con solo 17 km. EL DESPERDICIO

DE 15 BILLONES DEL COSTO INICIAL CALCULADO AL 7% DE INTERÉS

COMPUESTO, sigue y no para.

 

NO DEBEMOS TENER VISTA LARGA, ESTAN MANEJANDO MAL LOS

FONDOS. La extensión adicional al TREN URBANO podría costar entre $10 y $15

BILLONES y beneficiará a POCOS puertorriqueños. NO TODO SAN JUAN Y EL

AREA METRO.

 

Esos BILLONES DE DÓLARES podrían ser usados directamente para las

necesidades de los MUNICIPIOS. Si el dinero destinado a esta expansión se

dividiera por partes iguales entre los 78 MUNICIPIOS, cada uno de estos recibirían

aproximadamente hasta $192 MILLONES. Este dinero bien podría ser el

RENACER DE NUESTROS MUNICIPIOS QUE TANTO NECESITAN

FONDOS.

Esos millones estarían mejor en las ESCUELAS, CANCHAS, Centros de recreación

al aire libre, escuelas de baile, la niñez y juventud necesitan lugares seguros para

recrearse a bajo costo. Nuestros municipios que día tras día pasan necesidades por

los constante recortes y reestructuraciones presupuestarias. Los puertorriqueños con

esos millones podrían construir casas para personas de ingresos limitados, mejorar

centros de salud publicas para prevención de enfermedades, y lugares de cuido de

bajo costo.

También se podrían usar eso $$$$ 192 MILLONES DE DOLARES para arreglar y

mantener pavimentadas las carreteras de nuestros PUEBLOS que están hechas un

desastre por la falta de fondos para mantenimiento.

 

Tal parece que el gobierno no conoce la frase célebre de Albert Einstein PARA

RESULTADOS DISTINTOS NO HAGAS LO MISMO, porque siguen mal

GASTANDO millones y billones de dólares del pueblo, esperando recibir resultados

diferentes.

 

Sin embargo, nos quieren vender el cuento que el tren ES UNA BUENA

INVERSION, cuando todos ya sabemos que NO es así. ES JUSTO QUE EL TREN

LE CUESTE A TODO PUERTO RICO Y SOLO SEA PARA LA METRO?

¿Se puede cancelar el contrato de Luma?

¿Se puede cancelar el contrato de Luma?

@SinVoltaje

 

 

¿Se puede cancelar el contrato de Luma?

Imagínate haber hecho un pacto con el DIABLO para condenarte de por vida sin posibilidad de escape. Eso es lo que está pasando con el contrato entre el gobierno de Puerto Rico y LUMA Energy. El contrato que se ha anunciado como una asociación público-privada, falla desde el principio ya que en realidad se trata de una privatización completa de las funciones básicas de la Autoridad de Energía Eléctrica, AEE. Según el abogado e ingeniero Ángel R. Rivera de la Cruz, excomisionado del Negociado de Energía, este acuerdo tiene tantos matices que su cancelación puede ser un misterio.

Existe al menos cuatro formas en que el contrato podría terminar:

1. LUMA no cumple con alguna obligación importante;
2. Cometer alguna violación de ley según lo determine un tribunal;
3. Si durante tres años seguidos no alcanzan las “métricas” claves establecidas;

4. La Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) debe salir de la quiebra bajo la ley PROMESA. El no cumplimiento con esta condición antes de que LUMA comience a operar plenamente sería el fin para la compañía. canadiense.

Recientemente, con todos los apagones que hemos estado sufriendo, se ha hablado mucho sobre cómo LUMA no está cumpliendo con sus “métricas”. Pero, ¿qué son estas métricas? Básicamente, son indicadores de rendimiento que LUMA debe alcanzar para ganarse un bono extra de $20 millones al año, aparte de su pago fijo de $105 millones anuales.

Algunos ejemplos de estas métricas son:

1) Satisfacción del cliente,

2) Seguridad técnica y regulatoria

3) Rendimiento financiero

 

Actualmente, LUMA establece sus propias métricas, que luego deben ser aprobadas por el Negociado de Energía en Puerto Rico. El problema con estas métricas es que, si LUMA se enfoca en los consumidores de las ciudades, donde vive más gente en comparación con las áreas rurales, se ganan el bono. Pero, quienes viven en zonas rurales no obtienen una justicia energética ni un sistema mínimamente confiable.2 Además, las métricas que propone LUMA no reflejan nuestra realidad climática. Por ejemplo, LUMA busca obtener recompensas por cumplir con expectativas básicas. Es decir, no solo obtendrían recompensas por exceder las expectativas del contrato, sino también por hacer lo que se espera de ellos. Además, no hay penalidades por bajo rendimiento.

Con el tiempo, las obligaciones futuras del gobierno de Puerto Rico por el contrato con LUMA Energy para manejar la red eléctrica han aumentado en al menos $635 millones más de lo originalmente pactado, todo por un sistema que no da pie con bola.  El contrato firmado con esta empresa privada, que no está obligada a arriesgar su propio dinero, incorpora los objetivos establecidos en la Ley de Transformación del Sistema Eléctrico de Puerto Rico. Esto es importante porque en dicha Ley se definen algunas de las obligaciones cruciales que LUMA debe cumplir en los próximos tres años; de no hacerlo, el contrato podría ser cancelado. Entre estas obligaciones se encuentra la transformación de la red eléctrica para que sea más resiliente ante eventos atmosféricos, mantener tarifas eléctricas bajas para los clientes y avanzar hacia una energía 100% renovable.

Hasta el momento, LUMA no ha logrado cumplir con estas metas. Desde su entrada en 2021, los apagones y los aumentos en las facturas han sido frecuentes. En 2023, LUMA acumuló una deuda de más de $700,000 con el proveedor de gasolina Total Energies. En lo que va de 2024, LUMA dejó sin servicio a 90,000 clientes durante las primarias, algunos por más de 24 horas consecutivas. Además, la empresa ha solicitado un aumento de $8.18 al mes (unos 27 centavos al día) y no ha invertido en proyectos masivos de energía renovable. La sección 14.1 del contrato de LUMA menciona el concepto de “falla en cumplir una obligación material”. Aunque no se define explícitamente qué constituye una obligación material, hay ciertos puntos que todos entendemos como tales. Por ejemplo, si no se tiene gasolina, no se pueden sacar los camiones, y sin los camiones, no se pueden realizar las tareas necesarias para mantener la red eléctrica.

El contrato suplementario está en vigor porque la Autoridad de Energía Eléctrica todavía no ha salido de su proceso de quiebra, un requisito crucial necesario para que el contrato principal entre en pleno funcionamiento. Y aquí es donde se pone interesante: si la jueza Taylor Swain aprueba el Plan de Ajuste de la Deuda, trae consigo la permanencia del contrato de la red eléctrica hasta el 2056, un periodo que excede el término actual de esa privatización. Pero hay más. LUMA también debe reportar trimestralmente ciertas métricas adicionales al Negociado de Energía, aunque actualmente no hay penalidades establecidas por no cumplirlas. Este contrato complejo tiene dos entidades principales encargadas de supervisar a LUMA: la Autoridad para las Alianzas Público Privadas y el Negociado de Energía. La primera se asegura de que LUMA cumpla con el contrato, mientras que la segunda supervisa su desempeño operativo y el cumplimiento con la política pública energética.

En resumen, el futuro del contrato con LUMA es incierto y lleno de complejidades legales y operativas. Con tantas condiciones y posibles escenarios, nadie sabe realmente si su cancelación ocurrirá. Lo que sí es claro es que existe una salida y que no podemos depender únicamente del gobierno para resolver esta situación. Nosotros, como ciudadanos afectados por los apagones constantes y las tarifas altas, tenemos que tomar acción. Es nuestra responsabilidad fiscalizar a LUMA, exigir transparencia. No podemos quedarnos de brazos cruzados mientras nuestras comunidades sufren. Solo así podremos construir un futuro energético sostenible y equitativo para Puerto Rico.