La Ley Promesa y la UPR

La Ley Promesa y la UPR

La Ley Promesa y la UPR

La Ley PROMESA, también conocida como la Ley para la Supervisión, Administración y Estabilidad Económica de Puerto Rico, es una ley federal de los Estados Unidos aprobada en 2016 para abordar la crisis económica de Puerto Rico con el objetivo, de entre otros, ESTABLECER UNA JUNTA DE SUPERVISIÓN FISCAL (JSF) para supervisar las finanzas del gobierno de Puerto Rico y desarrollar un plan para reestructurar su deuda. 

La JSF, compuesta por siete miembros nombrados por el presidente de los Estados Unidos, tiene la autoridad para supervisar solo las finanzas del gobierno de Puerto Rico, APROBAR SU PRESUPUESTO Y PLAN DE REESTRUCTURACIÓN DE LA DEUDA, Y AUTORIZAR LA VENTA DE ACTIVOS PÚBLICOS DE LAS AGENCIAS DE GOBIERNO. PERO RESULTA QUE LA UPR NO ESTÁ DIRECTAMENTE SUJETA AL TÍTULO III DE LA LEY PROMESA PORQUE NO ES UNA ENTIDAD GUBERNAMENTAL, tiene su propia constitución, Junta de Gobierno, presupuesto y autonomía académica. Si examinamos estas características tendríamos que hacernos las siguientes preguntas: 

 ¿Que pito toca la Junta de Control Fiscal? Si la UPR: 

  • NO ES UNA ENTIDAD GUBERNAMENTAL porque es una institución educativa pública, y no es una agencia del gobierno de Puerto Rico. Esto significa que no está sujeta a las mismas leyes y regulaciones que el gobierno. 
  • TIENE SU PROPIA CONSTITUCIÓN que establece su estructura de gobierno, sus poderes y sus responsabilidades. Esta constitución no puede ser modificada por la Ley PROMESA. 
  • ESTÁ GOBERNADA POR UNA JUNTA DE GOBIERNO compuesta por 17 miembros y es responsable de la administración de la universidad y de establecer sus políticas.  
  • LA LEY PROMESA NO OTORGA A LA JUNTA DE CONTROL FISCAL (JCF) NINGUNA AUTORIDAD SOBRE LA JUNTA DE GOBIERNO. 
  • TIENE SU PROPIO PRESUPUESTO, y aunque recibe fondos del gobierno de Puerto Rico, también genera sus propios ingresos a través de matrículas, cuotas y donaciones.  

Entonces, otras preguntas OBLIGADAS serían: ¿quién dejó entrar a la JSF a la casa de la UPR? ¿Quién y cuándo le van a imponer a la JSF un CESE Y DESISTA sobre la determinación del presupuesto y la supervisión de las finanzas de la UPR?  

Urge contestar estas preguntas porque la UPR se ha afectado MORTALMENTE por la Ley PROMESA porque la JSF HA IMPUESTO UNA SERIE DE MEDIDAS DE AUSTERIDAD AL GOBIERNO DE PUERTO RICO QUE HAN LLEVADO A RECORTES EN LA FINANCIACIÓN DE LA UPR. Además, la Ley PROMESA ha creado un clima de incertidumbre económica en Puerto Rico que ha dificultado que la UPR atraiga a nuevos estudiantes y profesores locales e internacionales. Ya es hora de devolverle el brillo a la Universidad de Puerto Rico que por más de un siglo ha transformado la vida de muchas familias de la pobreza. Es hora ya.

¡LA UPR SE DEFIENDE, NO SE DESTRUYE! Continuara…  

Ingrediente principal de un país próspero y justo

La transparencia: Ingrediente principal de un país próspero y justo

Como entidad sin fines de lucro que tiene como norte lograr un Puerto Rico donde idealmente pueda erradicarse la pobreza, todo tipo de injusticia, y la desigualdad social, tenemos muy claro lo imprescindible que resulta ese “ingrediente principal” que llamamos transparencia.

Entre las varias definiciones de la palabra ‘transparente’, encontramos, por ejemplo, en el Diccionario de la Real Academia Española las siguientes:

  • Claro, evidente, que se comprende sin duda ni ambigüedad
  • Dicho especialmente de una gestión o proceso: que se realiza sin que se oculte información sobre la manera en que se hace o se desarrolla, y, en particular, sin que haya duda sobre su legalidad o limpieza
  • Dicho de una institución o entidad: que proporciona información suficiente sobre su manera de actuar.

 

Es entonces como vemos que en una sociedad democrática se hace imprescindible la transparencia para saber que: un gobiero y sus servidores públicos están actuando para favorecer los mejores intereses de los ciudadanos a quienes sirven, se pueda rendir cuentas a un pueblo de la manera en que son usados los fondos públicos fruto de su trabajo, se conozcan a ciencia cierta las gestiones del Gobierno y las decisiones que sus funcionarios toman, los documentos públicos evidencian esta buena gestión, y, las contrataciones de corporaciones privadas para administrar servicios tan imprescindibles como el de energía eléctrica o las fuentes fluviales, sean en beneficio del pueblo; todo esto siendo solo una enumeración parcial de muchos otros ejemplos que pudieran darse.

 

La transparencia debiera respaldar igualmente procesos tan importantes en un país como los de investigación y administración de la justicia, los sistemas de auditorías, el empleo de millonarias cantidades de fondos para la educación que no se ven, ni remotamente, reflejados en las facilidades de las escuelas ni en la formación de nuestros estudiantes, y sin olvidar los mismos procesos electorales que son, nada más y nada menos, los que reflejan la voluntad de un pueblo en cuanto a quiénes desean que tomen las riendas del país.

 

Paralelamente, no podemos pasar por alto que la transparencia es igual de necesaria en la empresa privada. Ésta es el otro complemento que forma la columna vertebral de la economía y por lo tanto algo que debe cuidarse con igual celo de ambiciones e intereses trurbios.

 

Con bastante frecuencia vemos casos tristemente relevantes en las noticias sobre funcionarios gubernamentales e importantes empresarios que se prestan para ser sobornados o sobornar, o sobre jugosas contrataciones que lo que buscan no es precisamente el mejor uso del dinero de los contribuyentes.

 

Esto trae a colación lo que sería uno de los efectos más directos de la falta de transparencia: la corrupción. Algo que ya hemos visto en todos los niveles y distintas ramas del gobierno. Este otro problema de la corrupción será tratado en separadamente en otro artículo de nuestra página web.

 

Aunque no es del conocimiento de muchos, existen leyes locales que velan por proteger y garantizar la transparencia, al menos en teoría.

 

Estas leyes en Puerto Rico son las que llevan por nombre la Ley de Transparencia, y la Ley de Datos Abiertos; y su propósito es garantizar el acceso de los ciudadanos a la información pública y a los documentos relacionados a ella.

 

También existen estudios que miden cuan factible es el acceso que tienen los ciudadanos a esta información. Desafortunadamente, Puerto Rico no se encuentra en un lugar muy positivo

en este sentido. Para dar una idea, de acuerdo a un estudio hecho entre 128 países evaluados, el nuestro ocupa el lugar número 87. No debe sorprendernos entonces que los efectos de esta falta de transparencia se vean reflejados repetidamente en muchos titulares que nos degradan ante los ojos del mundo, dando una imagen muy pobre, y, a la misma vez, muy lejana de lo que realmente somos los puertorriqueños.

 

Tan necesaria es la transparencia que para que una nación sea próspera, más que un ingrediente, ésta debe ser un valor moral que no solamente debemos exigir, sino fomentar e inculcar de forma preventiva por medio de una educación que siente las bases para lograr una cultura de transparencia.

 

El no ser transparente tiene efectos tanto a corto, como a largo plazo. Aunque a veces no sean inmediatamente evidentes, no solo acarrean pobreza y desigualdad sino que pueden llegar a convertirse en una violación de los mismos derechos humanos. Podemos recordar, de manera general, casos en donde el pueblo se ha visto privado de los tan necesarios suministros de emergencia para aliviar los embates de un huracán poniendo en riesgo la misma supervivencia de los afectados.

 

La transparencia no es solo un deber gubernamental y empresarial, es asunto de todos, y cuando se sospeche la falta de ella, debemos alzar nuestra voz y no solo hacer sentir nuestra opinión, sino demostrar determinación para no dejarnos engañar o ser perjudicados por intereses turbios. Ella debe ser ofrecida de parte de la administración a los ciudadanos y éstos a su vez deben de reconocerla como un derecho. Es entonces cuando se logra un verdadero equilibrio equitativo en las relaciones de poder entre gobernantes y gobernados.

 

Esa es también una de las metas de nuestra entidad como parte de nuestra lucha contra la pobreza y demás males sociales en nuestra Isla: exigir y dar su justo lugar al gran valor que representa actuar en todos los renglones con transparencia en pro del bien común y la superación de nuestros más apremiantes problemas.

Pobreza Infantil

La pobreza infantil en Puerto Rico.
Nos duele porque son pobres, pero más porque son niños.

    Si bien ser pobre es algo que resulta desesperante e incluso insoportable para cualquier ser humano, ya que implica no tener los medios para cubrir necesidades tan básicas como lo son la alimentación, un techo digno donde cobijarse, los imprescindibles servicios para cuidar la salud, e incluso el acceso a agua potable para nuestro consumo e higiene, el sufrir estas carencias cuando se es muy joven o se es niño, es algo no solo triste e inhumano, sino francamente inaceptable.

No es secreto para ningún puertorriqueño que en nuestro país el problema de la pobreza en general es una realidad tan evidente, que tan solo es necesario salir a la calle para presenciar muchos ciudadanos que la padecen y evidencian. Lo que se nos puede perder de vista es que los niños y jóvenes, hijos de estos mismos ciudadanos, son probablemente quienes más injustamente la sufren, tanto en el presente como probablemente en su futuro. Porque esa misma pobreza limita las oportunidades de una educación provechosa, y por ende, de un desarrollo profesional con la posibilidad de alcanzar un nivel económico de vida satisfactorio.

En Puerto Rico y el mundo entero la pobreza no solo se ve en la calle (claro está, si no evitamos mirarla de frente pretendiendo ignorarla), también los estudios académicos al respecto, y sus estadísticas, arrojan datos concretos y cifras que pueden fácilmente impresionarnos.

Por citar algunos:

  • A nivel global, la ONU ha indicado que más de 160 millones de niños corren el riesgo de continuar viviendo en pobreza extrema para el año 2030.
  • A nivel local, según el Instituto del Desarrollo de la Juventud (IDJ) en colaboración con el Instituto de Estadísticas de Puerto Rico (IEPR), quienes recopilan datos sobre las condiciones de niños y jóvenes entre las edades de 0 a 21 años de edad, se concluyó que Puerto Rico obtiene una evaluación de D, si se compara con los 50 estados norteamericanos y el Distrito de Columbia.
  • Según la Oficina del Censo de Puerto Rico y el citado IEPR, en el 2015 un 46% de la población total se encontraba bajo el nivel de pobreza, cifra que aumentaría a un apabullante 59.8% luego de los huracanes Irma y María. De esta población, el 57% lo componen personas de entre 0 y 17 años de edad, con 62% de estos siendo menores de cinco años. Y es precisamente esta joven población la que se considera como la más pobre y vulnerable.
  • En algunos municipios, como el de Maricao, la tasa de pobreza infantil alcanza una cifra tan alta como el 82%.

Si bien no debemos perder del todo la esperanza ya que podemos citar también datos alentadores como que la pobreza mundial se ha reducido a más de la mitad desde el año 2000, y que en los Estados Unidos la pobreza infantil se ha reducido en un 59% desde el año 1993, nuestra realidad local dista mucho de ser así de optimista.

La disparidad de ayudas que Puerto Rico sufre en múltiples programas federales, o la falta de garantías de continuidad en programas tan directamente relacionados con la pobreza infantil como el Child Tax Credit (CTC) y el Earned Income Tax Credit (EITC), que tanto han ayudado a reducir esa pobreza en los Estados Unidos, son solo algunos de los frentes donde debemos de luchar para combatir todo aquello que no proteja a nuestros niños de esta deplorable y limitante realidad.

Otros factores de nuestra sociedad puertorriqueña que debemos tener presentes para poder atacar las raíces de la pobreza infantil, también lo son: la falta de seguridad económica de la familia como consecuencia de adultos que sencillamente no tienen interés en trabajar perpetuando la dependencia de ayudas gubernamentales, la carencia de buenas oportunidades de empleo, y los salarios tan bajos que se pagan en Puerto Rico incluso en profesiones que requieren una larga y sacrificada preparación académica.

El Instituto del Desarrollo de la Juventud (IDJ) también nos habla de la desventaja económica que padecen las familias jóvenes cuyo jefe de familia es una mujer. Tan alto como el 68% de estas familias viven en niveles de pobreza, constatando así que la cara más vulnerable de la sociedad en Puerto Rico son los niños y las mujeres que sustenta el hogar.

Según este instituto, todo esto redunda en que en Puerto Rico 6 de cada 10 niños son pobres, y que esta pobreza infantil eventualmente se traduce en un costo acumulado para nuestra economía de nada más y nada menos que 500 mil millones de dólares.

Desde niño pude ver de cerca la pobreza extrema en que otros niños como yo, vivían. Compañeros míos de juegos pero cuyas condiciones de vida me asombraron e impresionaron grandemente desde temprana edad. Sus carencias y dolor pudieron sensibilizarme y motivarme a hacer algo al respecto en la medida de mis posibilidades por el resto de mi vida. Más puntualmente en el área de las oportunidades igualitarias en la educación, como salida a circunstancias tan desfavorables.

Si como individuos y como país no nos hacemos de la vista larga y cobrando plena conciencia de esta realidad, luchamos con todos los factores que pueden librar de la pobreza a nuestros vulnerables niños y niñas puertorriqueños, sí tendremos la esperanza real de un cambio.

Esto incluye exigir al gobierno federal y local, todo lo que como país merecemos. Pero también incluye rectificar aquellas actitudes que como individuos no aportan nada a esta urgente transformación.

Nadie merece más justicia que una vida que comienza y que tampoco pidió venir al mundo. Mucho menos a sufrir necesidades sin la posibilidad de un futuro mejor. La pobreza infantil de Puerto Rico, y de cualquier parte del mundo, es después de todo una cuestión de derechos humanos. Luchemos todos unidos por los derechos de nuestros niños. 

Conflicto de Intereses

Un posible conflicto de intereses ocurre cuando se toma cualquier acción, decisión o recomendación por parte de un miembro de una junta, organización o corporación con el fin de obtener o que pueda resultar en un beneficio financiero para sí mismo o personas cercanas, como también un beneficio a un negocio en el cual la persona en posible conflicto este asociado o ostente una participación.

 

Estos conflictos de intereses los podemos encontrar en LUMA. Para esto nos remitimos a la figura de Todd McLaren. Todd McLaren sirvió como vicepresidente de operaciones de LUMA Energy desde junio del año 2020 hasta abril del año 2022.  También fungió desde febrero del año 2022 como vicepresidente de Centurión Group. Esta última se encuentra inscrita bajo Centurion Group (Puerto Rico) LLC  desde el 10 de marzo del 2021; con sede en 361 calle San Francisco 4to piso San Juan, P.R 00901. El agente residente que aparece registrado se trata de otra corporación bajo el nombre de CT CORPORATION SYSTEM y de igual manera quien aparece identificada en el documento de inscripción como persona autorizada es Sra. María M. Amaro.  

 

De estos hechos se puede desprender que esta persona tuvo una injerencia y una participación directa en las actividades de ambas empresas durante el periodo de febrero a abril de este año. Información la cual puede obtener de su cuenta personal de LinkedIn. Levantando en si sospechas sobre la posible existencia de un claro conflicto de intereses al momento de habérsele otorgado un contrato valorado en 60 millones a la empresa Centurion Group.

 

Este Contrato entro en vigor desde el 25 de mayo de 2022 y específicamente fue otorgado para la realización de labores en el area de mantenimiento y control de vegetación de las líneas de transmisión y distribución. Se otorgo por un periodo de 3 años a razon de 20 millones al año para totalizar la cantidad de 60 millones previamente mencionada. Al momento de otorgarse el contrato varios reportes en distintos medios del país indicaron que Centurion Group no contaba con la nómina de empleados que se requerian para realizar dichos trabajos o labores; como también que estas labores estaban siendo realizadas anteriormente por otras dos empresas

 

En conclusión, conociendo quien fue el receptor del otorgamiento del contrato se levantan sospechas o como mínimo dudas sobre la verdadera intencion y en beneficio de que fue se otorgó el contrato. De igual manera no se debe pasar por alto la actuacion de la Junta de Control Fiscal la cual aprobo y dio el visto bueno a dicho contrato. Como mínimo el otorgamiento de este contrato debe ser revisado para que quede claro que todas las medidas éticas fueron tomadas, que se cumplió con los procedimientos establecidos para el otorgamiento de este tipo de contrato,  que se trató del mejor postor y que la LUMA al igual que la Junta de Control Fiscal  quien fue el ente que dio el visto bueno al contrato cumplieron con el debido “du diligence”.

Puertas Giratorias

El concepto de “puertas giratorias no es nada menos que cuando un funcionario publico abandona su carga para luego formar parte de la empresa privada. De esa manera obteniendo una ventaja por su anterior cargo en el gobierno produciendo esto un conflicto de interés entre la empresa privada como la esfera publica para su propio beneficio y en perjuicio de los intereses públicos o del pueblo. En otras palabras, es el movimiento de altos cargos del gobierno o del sector publico hacia el privado. 

Desde LUMA nos topamos con una serie de figuras que han formado parte de pasadas administraciones y que han pasado de alguna manera a colaborar con LUMA. La primera figura es la del Sr. José Pérez Vélez. El Sr. Pérez Vélez comenzó a trabajar en la cámara de representantes como asesor legal del comité de asuntos jurídicos entre enero del 2001 hasta febrero del 2003 y luego paso a ser el director ejecutivo del comité de asuntos federales del senado entre febrero del 2013 hasta diciembre del 2015. De Igual manera nos topamos de que este fungió durante la administración de García Padilla como director de la Oficina Independiente de protección al consumidor desde diciembre de 2015 hasta agosto 2018. Actualmente trabaja como como Asesor de Asuntos Externos para Luma Energy.

 

La siguiente figura es la de Michelle Fraley. Fraley fungió como superintendente de la policía de Puerto Rico para la administración de Ricardo Rosello entre enero del 2017 hasta enero del 2018. En la actualidad ostenta el cargo de “Corporate Security Director” para Luma Energy.  De la misma manera tenemos la figura del Sr. Abner Gómez Cortés . Gómez Cortés en la actualidad es el encargado de atender y manejar situaciones de crisis en LUMA, puesto que guarda cierta similitud con el cargo que ocupó en el gobierno de Ricardo Rosello, cuando ejerció como el director de la oficina para el manejo de emergencias en Puerto Rico. El Sr. Abner Gómez fue el encargado de la primera respuesta al huracán María hasta su renuncia el 11 de noviembre de 2017. De igual manera durante el huracán Fiona el Sr. Abner Gómez fungió como uno de los portavoces de LUMA durante la emergencia provocada por el huracán Fiona como jefe de seguridad pública y gestión de crisis de LUMA Energy.